El pasado viernes se llevó a cabo en el Congreso de la República el Foro “Made in Perú: la ley de cinematografía peruana y retos de la producción nacional", sin duda un tema importante y ampliamente debatido el cual, sin embargo, hasta ahora no puede llegar a un concenso que satisfaga a todos los intereses del medio de producción cinematográfica.

A continuación veamos lo que se publicó en El Comercio acerca del tema en discusión.

Mientras la opinión pública centró esta semana su atención en el referéndum para la renovación parlamentaria por mitades, pasó casi inadvertido por el radar mediático un foro donde se discutió nada menos que el futuro del cine peruano. La mesa redonda “Made in Perú: la ley de cinematografía peruana y retos de la producción nacional” reunió en el Congreso a una decena de representantes de las diversas fases de la cadena productiva del cine de nuestro país, además de expertos en materia tributaria y comunicaciones.

¿El motivo? Discutir y dialogar sobre los dos proyectos que darán forma a la nueva ley de cine que evalúa la Comisión de Educación del Congreso y que próximamente promulgará el Parlamento. Estas propuestas son el P.L. 3091, elaborada por los congresistas Jhony Peralta y Luis Gonzales Posada e ingresada en marzo de este año y el P.L. 3339 suscrito en respuesta por Carlos Raffo, Luciana León, Luis Galarreta e Isaac Mekler en junio con el apoyo de los exhibidores y distribuidores.

Ambos plantean, a su manera, de dónde provendrán y quién y de qué manera se administrarán los fondos públicos destinados para producir, distribuir, exhibir y fomentar el séptimo arte en el Perú. No obstante, los intereses son diversos, el dinero en juego está por encima de las ocho cifras y los puntos de vista continúan atrincherados. Lo paradójico, además, es que los congresistas que elaboraron esos proyectos ni siquiera se asomaron durante el encuentro.

En lo que la gran mayoría de invitados estuvo de acuerdo (salvo el representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, el doctor Iván Vega Alferoff) fue en la eliminación o redirección del impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos (IEPND) dirigido a los boletos de cine fijado en 10% del valor de la entrada.

Justificaciones sobraron: el IEPND es discriminatorio con respecto a los espectáculos musicales (que actualmente gozan de un impuesto municipal cero) y solo representa cerca del 2% de los ingresos de 28 municipales (de 1.831 en todo el Perú). Esto y los más de 52 millones de soles adeudados a Conacine por parte del Estado hacen de este tributo una atractiva fuente de ingresos que podría ayudar a regar nuestro árido panorama cinematográfico.

No obstante, fuera de la voluntad de diálogo, durante el foro los roces se sintieron nuevamente en el aire como viene sucediendo hace meses. Por un lado, la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), con su representante Gustavo Sánchez, y el conglomerado de exhibidores, con Fernando Soriano, ratificaron su respaldo al proyecto de ley 3339 con el que se busca eliminar el 10% del IEPND, pero no para fomentar sustancialmente la producción nacional per se, sino para invertir ese dinero en infraestructura y ampliar el mercado de espectadores. “Se trata de llegar a un diálogo y no seguir esperando más años que el Estado cumpla con el cine peruano”, dijo Sánchez.

De ese dinero, que bordea los 15 millones de soles al año, se destinaría, de manera voluntaria, el 3% del valor neto de las entradas. Según Christian Wiener, presidente de la Asociación de Cineastas Peruanos (ACP), este ingreso significaría US$1’785.993 menos para Conacine al año. Además, no menciona cada cuánto tiempo se haría efectivo este pago “voluntario” ni quién lo fiscalizaría.

15’000.000 de soles al año representa en promedio la recaudación del impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos aplicados a boletos de cine.

1’700.000 dólares promedio perdería Conacine al año si se aprobara el proyecto de ley 3339.

50’000.000 dólares prometen invertir los exhibidores en infraestructura en 10 años.

El 50% del impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos aplicados a boletos iría para Conacine. Se sumará, además, el 1% de la tarifa mensual por pago de servicio de cable.

Busca apoyar la producción nacional, pero también formar profesionales, crear nuevos públicos, apoyar una mayor distribución y estimular festivales locales.

Quiere crear un fondo para impulsar la creación de la cinemateca nacional y además afianzar los derechos laborales de los diversos gremios del cine.

Se eliminará totalmente el impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos dirigido a los boletos de cine.

Se dará de manera voluntaria y no obligada el 3% de la venta neta de boletos de cine después del pago de impuestos para un fondo pro cine. Busca, además, crear un fondo antipiratería.

Se promete una inversión de 5 millones de dólares por año (dos multicines) para descentralizar la exhibición de películas en la capital y crear más puestos de trabajo.